Los putumayenses deben prepararse, la situación del territorio en materia de orden público no es muy alentadora, dados los pocos resultados de las autoridades

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Ubicación y destrucción de un depósito ilegal, con 400 kilos de anfo, 200 minas antipersonal en la vereda pueblo nuevo del municipio de Puerto Caicedo Putumayo

Los putumayenses que en principio celebraron con mucha alegría y esperanza el publicitado proceso de Paz del gobierno Santos y las Farc, situación que no era para menos dado el durísimo pasado de violencia, desolación, abandono y corrupción que llena las paginas de su reciente historia, tendrán que prepararse ahora para un escenario no muy alentador en materia de orden público que está a punto de estallar.

Las declaraciones del Brigadier General, Alberto Sepúlveda, Comandante de la Brigada de Selva No. 27 del ejército nacional de Colombia, dejan ver que las Farc no se desmovilizaron en su totalidad y dejaron reductos armados en las mismas zonas donde toda su vida ha tenido influencia esa guerrilla en la región.

Según el alto mando militar en el Putumayo, en sus entrevistas con medios de comunicación regionales manifiesta que al menos dos grupos armados de las farc están operando en el territorio; un grupo delinque en el bajo Putumayo entre los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Asís quienes serían integrantes del frente 48 de ese grupo guerrillero, el otro grupo estaría operando en zonas rurales de Puerto Guzman, rio Caqueta, Piamonte y Puerto Caicedo conformado por integrantes del frente 32.

Todo indica que la supuesta estrategia político militar de las farc – que algunos contradictores del gobierno Santos y del proceso de paz han manifestado en distintos escenarios-, se cumple en el Putumayo donde una fracción fuertemente armada de esa guerrilla continua ejerciendo control territorial en las zonas de operación que siempre han dominado, mientras otra fracción de ese grupo guerrillero se concentra en la Zona de la Carmelita denominado ahora como Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, esperando a ver si el gobierno colombiano cumple o no con lo pactado.

Consejo Territorial de Reincorporación, en la vereda La Pradera del municipio de Puerto Asís, al evento asistió el ministro del interior Guillermo RIVERA, el director de la agencia para la reintegración y normalización Arn Joshua MITROTI, el delegado de las farc Pastor ALAPE, entre otros.

A ello hay que sumarle el altísimo inconformismo que hay en las filas desarmadas de las Farc concentradas en la zona de la Carmelita, situación que dejaron ver integrantes de esa agrupación guerrillera en el pasado Consejo Territorial de Reincorporación, celebrado en la zona el 01 de octubre del presente, donde llamó mucho la atención la intervención del delegado de la comunidad farc conocido como “Gareca”, quien dio a conocer muchas necesidades fruto del incumplimiento del gobierno en el proceso de reincorporación tales como:

“-La Registraduría Nacional del estado civil han sido lentos y han dilatado los trámites para la entrega de las cedulas de ciudadanía a los excombatientes de las FARC, por ende no han podido recibir la renta mensual, por no estar bancarizados.  Tampoco se ha resuelto la situación de la tarjeta militar.

-En materia económica hay demasiada lentitud en los desembolsos de los recursos para impulsar la cooperativa de común y los proyectos individuales y colectivos que son fundamentales para el proceso de reincorporación económico social.

-Hay dilación de los recursos para la implementación y puesta en marcha del partido del común lo que afecta negativamente el proceso de reincorporación.

-No hay certificados por parte de la entidad que contrato el gobierno para instruirlos en economía solidaria o cooperativismo como requisito esencial para la constitución y puesta en marcha de la cooperativa.

-No han acreditado y ni bancarizado a 113 reincorporados

Manifiestan que la reincorporación social entendida como un proceso complejo, se ha desarrollado con enormes dificultades por los incumplimientos a los compromisos y obligaciones del gobierno y sus instituciones.

-Si bien cuentan con un médico permanente en la Carmelita, carecen de los medicamentos necesarios, no han recibido atención médica especializada y hay casos urgentes que requieren atención inmediata; cuando han tenido casos de urgencia no los ha resuelto ni la EPS ni el Hospital Municipal.

-Servicios públicos inadecuados en la zona, sin que se le haya prestado atención, una planta de tratamiento instalada no cumple con el propósito requerido y la construcción y el funcionamiento de las instalaciones para el saneamiento básico están mal diseñados, mal construidas y en consecuencia no funcionan bien, lo que ha generado problemas de salud

-Están adelantando la validación de la primaria y el bachillerato, pero carecen de tableros, sillas, mesas, material didáctico y audiovisual, no tienen una guardería para los bebes.

– No hay ningún pronunciamiento ni garantía a la posibilidad de acceder a los estudios superiores y profesionales

– No tienen interconexión eléctrica, ni interconectividad”. 

Unido a esto no puede pasar desapercibido que algunos integrantes de las farc concentrados en las zonas de reincorporación están abandonando dichas zonas y volviendo a engrosar las filas de los grupos armados como esta sucediendo en Putumayo, paralelamente las mismas autoridades y las estadísticas nacionales e internacionales dan cuenta que el narcotráfico no cede espacio en el territorio, lo que hace que el principal combustible del conflicto armado en Colombia esté listo y presto para reventar la bomba de tiempo que se encuentra en Putumayo, dado su escenario natural de frontera olvidada y la tímida acción de los gobiernos departamental y municipales en materia de inversión social, lo que les permite a los grupos al margen de la ley tomárselo como un teatro de operaciones de guerra.

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